Actualidad, Guía de viaje a la India

Debate en la India sobre la gestión de sus monumentos históricos

Algo parece estar a punto de cambiar en el sector turístico indio. El Gobierno de la India lleva tiempo anunciando su interés en ceder a empresas privadas la comercialización y mantenimiento de los principales destinos turísticos del país. Para el Gobierno, ésa es la mejor manera de conservar los lugares más emblemáticos del país; para muchos indios, sin embargo, dejar que las empresas privadas comercialicen y se encarguen del mantenimiento de esos lugares resulta algo así como entregar las principales joyas del país a manos que ni tienen por qué defender siempre el interés general.

La política de gestión privada de los monumentos nacionales indios que desea impulsar el Gobierno de la India pretende ser una extensión a otros puntos del país de lo que ya ha firmado con el Grupo Dalmia Bharat respecto al Fuerte Rojo. El Fuerte Rojo, ubicado en Delhi, es un monumento del siglo XVII y de origen musulmán ante el que cada 15 de agosto el primer ministro de la India conmemora el día de la independencia del país. El contrato que el Grupo Dalmia Bharat, especializado en la producción de azúcar y cemento, ha firmado con el ministerio de Turismo lo ha convertido en el encargado de la gestión de un monumento que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007.

El contrato firmado por el mencionado grupo con el Gobierno indio autoriza a aquél a fijar los precios de las entradas, a recoger la recaudación y colocar su marca tanto en diferentes lugares del monumento como en los souvenirs que de él se realicen y vendan. Entre los lugares a los que el Gobierno indio quiere trasladar esta experiencia de gestión privada de monumentos de la India podemos encontrar el mítico Taj Mahal, el aljibe de Chand Baori y el minarete de Qutub Minar.

Una de las cláusulas más conflictivas del contrato firmado entre el Grupo Dalmia Bharat y el Gobierno indio es el que hace referencia a los daños que puedan sufrir el Fuerte Rojo durante la gestión del mismo por parte del mencionado grupo empresarial. Según el contrato, Dalmia Bharat queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad ante los posibles daños que pudiera sufrir el monumento bajo su gestión. La oposición al contrato en general y a dicha cláusula en particular han promovido el hashtag #IndiaEnVenta para que, a partir de él, se pueda criticar la medida gubernamental.

La oposición teme no sólo por el mantenimiento físico de los monumentos indios gestionados por manos privadas. Teme también por la explicación que se dé de la historia de dichos monumentos, ya que serán las propias empresas encargadas de la gestión de los mismos quienes se ocupen de elaborar los folletos en los que se explique el origen y la historia de cada monumento. La oposición teme que eso pueda provocar una tergiversación de la historia.

Para hacer frente a todas estas críticas, el Secretario de Estado de Turismo, Alphons J. Kannanthanam, ha sostenido que los monumentos y lugares turísticos cuya gestión se ceda a empresas privadas seguirán bajo el control del Estudio Arqueológico de la India (ADI), organismo que, en India, es el responsable del patrimonio histórico nacional. Kannanthanam ha sostenido también que el acuerdo atañe sólo al “desarrollo, operaciones y mantenimiento de los servicios turísticos”.


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